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A comienzos del nuevo siglo el Distrito Universitario de Sevilla
seguía integrado por las provincias de Badajoz, Cádiz,
Huelva, Córdoba, Sevilla y Canarias, tal y como contemplaba
la veterana Ley Moyano de 1857.
El 10 de diciembre del año 1900 se inauguró
en el patio de la Universidad (actual Fac. Bellas Artes)
la estatua de bronce del fundador, Rodrigo Fernández
de Santaella, obra de Joaquín Bilbao, con tonelada
y media de peso y fundida en los talleres de Masriera y Campins
(Barcelona). Es curioso que ni los colegiales de la vieja universidad
de Santa María de Jesús habían levantado un
monumento a su fundador. Y es que a principios del siglo XX va despuntando
el regionalismo andaluz como movimiento cultural que intenta recuperar
las señas de identidad históricas. Y Maese Rodrigo
es el creador de la primera universidad andaluza (1505).
El cargo de Rector fue recayendo en personas de gran prestigio
intelectual como el historiador Joaquín Azañas y La
Rúa, que llegó a ocupar el cargo en dos ocasiones:
1904 y 1921. El antiguo rector D. Manuel Laraña (1)
daría nombre en 1903 -el año de su muerte- a la calle
de la Universidad, como antes lo hiciera el rector Martin Villa
en otra calle contigua. Ya en la Dictadura del general Berenguer,
1930, sería nombrado Rector el ilustre historiador Ramón
Carande y Thovar.
La política educativa del estado, una vez pasado el impacto
del 98, es una política vacilante como vacilante es la situación
política general. El largo período que transcurre
desde el Ministerio Romanones hasta la crisis de 1917 es un período
caracterizado, pues, por la inestabilidad. Los gobiernos se suceden
precipitadamente y los ministros de Instrucción pública
no son, a este respecto, una excepción. No obstante, existen
una serie de realizaciones que merecen ser destacadas, como la creación
en 1907 de la famosa Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas, cuya iniciativa más
lograda fue la Residencia de Estudiantes -Madrid 1910- en la que
convivirían múltiples personalidades de la cultura
española.
La aspiración de las universidades a una autonomía
académica y financiera que, superando la vieja autonomía
corporativa con que nacieron a la vida pública, fuera
el motor de su modernización, era una necesidad compartida
por un gran sector de la opinión pública. Tras
la crisis de 1917, y en plena efervescencias del regionalismo
andaluz, se publica en mayo de 1919 el llamado Plan
Silió, que reconocía la autonomía
de las universidades, entre ellas naturalmente, la de Sevilla,
cuyo Estatuto se hizo público por primera vez en 1921, dos
años más tarde (2). La vigencia de este Estatuto fue
muy corta, apenas duró un curso académico,
desde septiembre de 1921 a julio de 1922, ya que el día
31 de dicho mes, se derogaba el Real Decreto de Silió,
que le daba soporte jurídico.
El Real Decreto de 21 de mayo promovido por un ministro recién
llegado a la cartera de Instrucción Pública, César
Silió, consagraba la autonomía de las universidades
españolas en su doble carácter de de Escuelas Profesionales
y de Centros pedagógicos de alta cultura nacional. En
la justificación de esta norma legal se expone con crudeza
la situación de la que se partía:
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"Las Universidades españolas, de tan gloriosa
tradición, que compitieron con las más famosas
del mundo en sus días de esplendor, son hoy casi exclusivamente
escuelas que habilitan para el ejercicio profesional. El molde
uniformista en que el Estado las encuadró y la constante
intervención del Poder público en la ordenación
de su vida, no lograron las perfecciones a que sin duda se
aspiraba: sirvieron, en cambio, para suprimir todo estimulo
de noble emulación y matar iniciativas que sólo
en la posible diversidad hallan esperanzas de prevalecimiento".
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La reforma que se acomete trata, pues, de superar la situación
expuesta y de "abrir un nuevo cauce a la vida universitaria".
¿Cuál es ese cauce? Se concede personalidad jurídica
a las Universidades; se les otorga la potestad de autonormarse mediante
la redacción de sus propios estatutos; se distingue entre
la Universidad como escuela profesional, que establecerá
sus propios planes de estudio de acuerdo con las directrices del
Estado, y la Universidad como centro de alta cultura con plena libertad
"para desenvolver sus iniciativas en la esfera literaria,
científica y filosófica"; se les dota de
recursos para atender a sus necesidades; se distingue, en fin, entre
la función examinadora y la función docente.
Como vemos, el Decreto de César Silió trató de
modificar el modelo centralista decimonónico concediendo
cierta autonomía a las Universidades; pero el proyecto
fracasó.
La principal causa que se alegó para ello fue que atentaba
contra el elemental principio de jerarquía normativa: el
Real Decreto pretendía modificar lo dispuesto por una Ley
del Reino, la de Instrucción Pública de 9 de septiembre
de 1857 (la Ley Moyano) en lo tocante a la constitución
y condición jurídica de las Universidades. No era
admisible que mediante un Decreto -norma inferior a la Ley- se
quisiera y dispusiera "ordenar, en sentido
enteramente distinto del que ha imperado hasta ahora la enseñanza
universitaria",
como diría el ministro Tomás Montejo y Rica -sucesor
de Silió- en su Decreto de 31de julio de 1922, mediante
el cual se dejaba en suspenso la autonomía y las disposiciones
complementarias dictadas para su cumplimiento y ejecución,
al mismo tiempo que se restablecía la legislación
anterior. (Ver más
sobre el Plan Silió)
Durante los primeros años del siglo XX, la Universidad de
Sevilla, como las otras Universidades españolas, a pesar
de su crecimiento permanecía atenazada por la excesiva
burocratización y por la continua edición de numerosas
disposiciones y reglamentos que ahogaban todas las iniciativas y
los intentos aislados de favorecer su modernización y su
progreso.
Se detecta, sin embargo, por esta época -y los discursos
de apertura de sus Rectores son buena prueba de ello- un deseo de
impulsar la vertiente americanista de nuestra Universidad,
quizá alentado por los preparativos que se iniciaban para
celebrar en Sevilla la Exposición Iberoamericana que debería
tener lugar en 1929, pero fundamentalmente por la celebración
del IX Congreso Internacional de Americanistas en Huelva (Convento
de Santa María de la Rábida, del 7 al 11 de octubre
de 1892), en conmemoración del IV Centenario del descubrimiento
del Nuevo Continente y a iniciativa de Antonio Maria Fabié,
que sería su presidente.
Tras este interés cultural se encerraba, sin duda, también
un interés político de defensa del papel de España
-y Sevilla, en este caso- en la Historia de América, algo
que venía siendo minusvalorado desde el primer Congreso Internacional
de Americanistas, en 1875. No olvidemos que estos congresos surgieron
en Francia, como un eslabón más de esa globalización
cultural tan buscada por los franceses, heredera de la Ilustración
y de su siempre frustrada voluntad imperial. Muchos participantes
habían restado valor a la tarea realizada por España
en América, reduciendo primero todo lo que supuso la hispanización
cristianizadora al viaje de Colón, e imaginando a continuación
que aquellas tierras eran un lugar de tránsito frecuentado
por arios, pigmeos, nórdicos, egipcios, griegos, budistas
chinos y lo que se terciara.
Républica y Guerra Civil
El clima de excitación política que vivió
España en 1930 estalló al año siguiente, con
los sangrientos sucesos ocurridos en el mes de marzo en la madrileña
Facultad de San Carlos, que conmocionaron a todas las demás
universidades, y fueron el preludio de la proclamación de
la II República. En Sevilla, los monárquicos ganaron
las elecciones municipales y, en agosto del año siguiente,
fue la única ciudad donde triunfó el alzamiento del
General Sanjurjo.
La Constitución de la República, proclamada el 9
de diciembre de 1931, hizo concebir grandes esperanzas a toda clase
de autonomías, incluida la universitaria. En concreto la
Constitución le dedicaba tres artículos -48, 49 y
50- a la educación en su título III (Derechos y deberes
de los españoles):
"art. 48. El servicio de la cultura es atribución
esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones
educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza
oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra
queda reconocida y garantizada.
La República legislará en el sentido de facilitar
a los españoles económicamente necesitados el acceso
a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle
condicionado más que por la aptitud y la vocación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el
eje de su actividad metodológica y se inspirará en
ideales de solidaridad humana.
Se reconoce a las Iglesias al derecho, sujeto a inspección
del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios
establecimientos"
Pero la situación política, en permanente conflictividad,
no permitió la concreción práctica de tales
aspiraciones. De hecho, los dos bandos que dieron origen a la
guerra civil se sirvieron de la educación para sus fines
de reclutamiento partidista. Los republicanos, antes y después
del alzamiento, se preocuparon fundamentalmente de atender a la
cultura popular, de la que tan necesitada estaba el país.
Así, en 1932, se crearon en Sevilla y otras capitales las
llamadas Universidades Populares, en las que los estudiantes del
último año y los jóvenes licenciados organizaban
cursillos de tarde para los obreros.
Una vez iniciada la Guerra Civil, tras el alzamiento militar del
18 de julio de 1936 contra la República, los universitarios
hubieron de abandonar los libros para empuñar las armas.
La normal actividad universitaria quedó suspendida a comienzos
del nuevo curso, organizándose durante la contienda cursillos
breves para jóvenes incapacitados o de especialización
en profesiones de aprovechamiento militar, como ingenieros, zapadores,
telegrafistas, médicos, etc. Tuvieron especial interés
los impartidos en la Universidad de Sevilla ciudad que vivió
muy alejada de los horrores de la guerra.
LA POSGUERRA
El despegue cultural que parecía vislumbrarse durante la
República, quedó segado de raíz tras la victoria
de los nacionales. La nueva política de educación
universitaria la describió el propio ministro de Educación
Nacional, Ibáñez Martín, en los discursos de
apertura de los cursos 1939-1940 y 1940-1941:
"Queremos
sobre todo una Universidad nacional subyugada con fuerte disciplina
a los intereses materiales y morales de la Patria [...] Haremos
que un mismo pensamiento y una misma voluntad sean nota común
de los afanes del profesorado [...] Ha de ser empeño del
nuevo Estado impedir que las actividades científicas puedan
en ningún caso ser instrumento perverso contra los sagrados
principios de la Patria."
Espíritus progresistas, como los afiliados a la Institución
Libre de Enseñanza, fueron perseguidos y desterrados,
iniciando un doloroso peregrinar por tierras extranjeras una gran
parte de los profesores universitarios.
El profesorado universitario que permaneció en Sevilla estaba
integrado, como era de esperar, por personas de ideología
conservadora, que no dudaron en colaborar con los vencedores
en tareas de propaganda o represión política, como
ocurrió con la rigurosísima Junta de Censura Cinematográfica,
creada en esta capital en el año 1937, que pretendió
imponer, a las órdenes del Episcopado Católico, un
tipo de cultura popular intransigente y exclusivista.
La Ley
de Ordenación Universitaria de 1943, pese a contemplar
un cierto deseo de autonomía significó, de hecho,
un férreo control ministerial e ideológico. El
Rector, por ejemplo, no sólo era nombrado directamente
por el Ministro, sino que debía ser un catedrático
que hubiese manifestado públicamente su adhesión
a las directrices del Movimiento falangista. Adhesión
política que, en los primeros años, se exigió
también a todos los opositores a cátedras universitarias.
Para ilustrar la opinión de la historia universitaria que
tenía el general Franco valgan sus propias palabras
en el prólogo de esta Ley:
Sobre el siglo de las Luces:
"Aquella gran Universidad imperial perdió sus lumbres
y esplendores en la gran crisis del siglo XVIII, donde se acusaron
ya las influencias extrañas; hizo su aparición
el escepticismo y se derrumbó con estrépito el
edificio de nuestra unidad espiritual, entre los ensayos, la
impiedad, la habladuría y la ostentación. La restauración
cultural del siglo XVIII no fue más que un meteoro fugaz,
eclipsado en el primer destello por la invasión francesa,
que trajo a nuestras aulas la rígida influencia del sistema
napoleónico y tras ella, la desorientación, la
inestabilidad, el perpetuo cambio de postura en el régimen
universitario, abierto de par en par a toda suerte de exotismos."
Sobre el siglo XIX:
"Vivíamos momento de crisis y de ruina en que
si la educación intelectual estaba desquiciada, había
sucumbido también en manos de la libertad de Cátedra
la educación moral y religiosa, y hasta el amor a la
Patria se sentía con ominoso pudor, ahogado por la
corriente extranjerizante, laica, fría, krausista y
masónica de la Institución Libre, que se esforzaba
por dominar el ámbito universitario."
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Curiosamente, esta Ley de 1943 vuelve al concepto
medieval de universidad:
| "Artículo primero. La Universidad española
es una corporación de maestros y escolares a la
que el Estado encomienda la misión de dar la enseñanza
en el grado superior y de educar y formar a la juventud para
la vida humana, el cultivo de la ciencia y el ejercicio de la
profesión al servicio de los fines espirituales y del
engrandecimiento de España." |
En este periodo de posguerra no podemos olvidar al Sindicato
Español Universitario que, desde la Ley de 1943,
se convirtió en el único sindicato permitido, obligatorio
para todos los alumnos de la Universidad, en cuyos órganos
de gobierno estaba presente por imperativo legal. El SEU era una
organización dependiente del mismo Estado franquista y que
se financiaba mediante una "cuota" que salía de
la matrícula de los alumnos de la Universidad, la que le
daba opción a tener locales y una cierta estructura administrativa
para resolver problemas puntuales de los estudiantes. En 1957, con
la activa participación de los universitarios sevillanos,
se pretendió democratizar el SEU, pero solamente se consiguió
transformarlo en un mero aparato burocrático, con escasa
influencia política.
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En 1942, se publica un decreto de creación de
Colegios Mayores, con la pretensión de restaurar
la antigua tradición universitaria. En Sevilla, el primero
en ser confirmado fue el Hernando Colón, al que
siguió el de
Santa María del Buen Aire, en Castilleja de Guzmán
(1948); ambos ocupan edificios de gran prestancia y valor arquitectónico
(3). Las fundaciones se fueron sucediendo
de modo que si en 1964 la Universidad de Sevilla podía
contar con cinco Colegios Mayores, en los que residían 350
colegiales, cuatro años
después ya había nueve Colegios masculinos y dos
femeninos.
En estos años se fueron creando otros centros anejos a la
Universidad: el Instituto de Anatomía (1944), el Instituto
García Oviedo (1954), el Instituto de Ciencias de la Empresa
(1963), el Instituto de Ciencias de la Educación (1969),
el Instituto de Desarrollo Regional (1972), el de Informática
(1977), el de Biología del Desarrollo (1978) y el de Ciencias
de la Construcción (1978).
Por su parte, a las cuatro Facultades tradicionales de Sevilla
se fueron sumando la Escuela Superior de Arquitectura (1959),
la de Ingenieros Industriales (1964), la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales (1971), la de Farmacia (1973) y por desdoblamiento,
en 1978, las de Bellas Artes, Biología, Filología,
Geografía e Historia, Filosofía y Ciencias de la Educación,
Física, Química y Matemáticas.
Notas:
(1) D. Manuel Laraña y Fernández (1815-1903)
fue catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla,
rector de la misma entre 1876-1884 y Senador designado por la Universidad
en 1891 (ver expediente
personal en el Senado). [Volver
al punto de lectura]
(2) Los Estatutos de la Universidad de Sevilla de
1921 fueron publicados en la Gaceta de Madrid nº 260, de 17
de septiembre de 1921. La intitulación oficial es "Estatuto
General de la Universidad de Sevilla y el especial del Estudio
universitario de Cádiz". Se redactaron previo acuerdo
del Claustro Ordinario de la universidad de 4 de octubre de 1919.
Fue firmado en Madrid el 9-9-1921 por el Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, Cesar Silió, y aprobados
mediante Real Decreto de 11-9-1921. [Volver
al punto de lectura]
(3) El Colegio Mayor Hernando
Colón fue construido
en 1948, obra de José Gómez Millán, ocupando
una parte de la parcela de la Exposición del 29 en que se
encontraba la Plaza de los Descubrimientos. El Colegio Mayor Santa
María del Buen Aire, en la casa palacio de los condes
de Montelirio y Castilleja de Guzmán, fue reformada y ampliada
en 1944 por el arquitecto Juan Talavera. Posee un magnífico
jardín diseñado ni más ni menos que por el francés
Forestier, en 1928. [Volver
al punto de lectura]
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Para saber más... |
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Aguilar Piñal, Francisco: "Historia de la Universidad
de Sevilla";Sevilla, 1991 |
| Merchán
Alvarez, Antonio: "Documentos históricos de la Universidad
de Sevilla (II). Los Estatutos de Autonomía del siglo XX";
Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla
2005 |
|
"Historia de la Educación en España",
tomo III: de la Restauración a la II República,
Ministerio de Educación y Ciencia, 1982 [Legislación
y documentos] |
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