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la Ley Moyano de 1857

texto de la Ley de Bases de 17 de julio de 1857 | texto Ley Instrucción Pública de 9 septiembre 1857

retrato Moyano
D. Claudio Moyano Samaniego, Ministro de Fomento, artífice de la ley educativa más longeva de la historia española

Las universidades, lo mismo que la sociedad, no encuentran el sosiego en el convulso siglo XIX, porque las condiciones económicas y políticas no logran estabilizarse. Los sucesivos Gobiernos siguen legislando sin cesar. La Década Moderada de Isabel II (1844-1854) se caracterizará por las continuas reformas que sufre el Plan Pidal. En 1850 un real decreto de 28 de agosto habla por primera vez de las Universidades de Distrito. En 1851 se ordena que las Universidades rindan cuenta mensualmente a la Dirección General de Instrucción Pública. En los años 52 y 53 se hacen otras reformas parciales.

De este modo, cuando los progresistas llegan al poder en 1854, es evidente ya la necesidad de proceder a una norma que con rango de ley regule la compleja trama de la instrucción nacional. Progresistas y moderados confluyen ahora en el tema de la educación, coincidiendo en las grandes líneas del sistema educativo liberal. Aunque la división ideológica reaparecerá más tarde con los partidos turnantes de Cánovas y Sagasta, parece que por estas fechas no son grandes las diferencias entre ambos por lo que respecta a la educación. Ello explica que, buena parte del proyecto de Alonso Martinez (1) -lo único que dió tiempo en el bienio progresista- se incorporara a la ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano (2).

Corresponderá por tanto a los moderados la gloria de haber conseguido consolidar el sistema educativo liberal mediante una ley con vocación de permanencia -la ley se mantendrá en vigor más de cien años- (3). Su artífice, Claudio Moyano, acudiría a la formulación de una ley de bases que, recogiendo los principios fundamentales del sistema, evitara de este modo un debate parlamentario sobre cuestiones delicadas y complejas (4). Aunque este criterio había sido adoptado anteriormente por otros ministros sin conseguir resultados positivos, el momento político era ahora adecuado para una rápida tramitación y para una feliz consecución de los objetivos propuestos. Por otra parte, existían dos razones fundamentales para conseguir la aprobación de las Cortes:

  • una era la evidente necesidad de una ley general que estableciera el sistema educativo construido a lo largo de casi cincuenta años
  • la otra razón de peso estribaba en la existencia de un consenso bastante amplio sobre las instituciones educativas que las diferentes normas habían ido implantando.

Por todo ello, puede decirse que la Ley Moyano no fue una ley innovadora, sino una norma que venía a consagrar un sistema educativo cuyas bases fundamentales se encontraban ya en el Reglamento de 1821, en el Plan del Duque de Rivas de 1836 y en el Plan Pidal de 1845.

Este carácter puede observarse no sólo en la organización de la enseñanza en tres grados sino en la propia regulación de cada nivel académico. Así, en la instrucción primaria se recoge el criterio tradicional de la existencia de dos etapas de enseñanza -elemental y superior-, se establece también el principio de gratuidad relativa -sólo para los niños cuyos padres no pueden pagarla- o los criterios ya conocidos sobre su financiación, selección de los maestros y regulación de las escuelas normales. Respecto de la enseñanza media que ahora adquiere sustantividad propia y plena autonomía respecto de la superior, se consagra la división en dos clases de estudios -los generales y los llamdos de aplicación-, la implantación definitiva de los Institutos y su financiamiento a cargo de los presupuestos provinciales. Por último, y lo que más nos interesa aquí, la enseñanza universitaria se regula mediante la distinción ya conocida de estudios de Facultad, Enseñanzas Técnicas y Enseñanzas Profesionales, reafirmando el principio del Plan Pidal de que sólo los estudios realizados en los establecimientos públicos tendrían validez académica.

Con la Ley Moyano, pues, se implantan definitivamente los grandes principios del moderantismo histórico:

  • gratuidad relativa para enseñanza primaria (5)
  • centralización
  • uniformidad
  • secularización y
  • libertad de enseñanza limitada.

Respecto a los requisitos para obtener la autorización de los centros privados, la ley mantiene el criterio de graduar las exigencias. Así, en la instrucción primaria bastará con tener veinte años cumplidos y poseer el título de Maestro; en cambio, para la enseñanza secundaria se incrementan los requisitos, debiendo destacarse la necesidad de que el profesorado ostente la titulación correspondiente, se realice un depósito de fianza y se proclame el sometimiento del reglamento interno del establecimiento a las disposiciones dictadas por el Gobierno. Si, por otra parte, el colegio privado deseara obtener el beneficio de la incorporación, o sea, la validez académica de los estudios cursados, los requisitos serán mayores, con especial énfasis en la titulación -la exigida para los Catedráticos de Instituto-, sujeción a los mismos programas que en los centros públicos y examen anual en los Institutos a que estén incorporados los colegios (art. 51).

No obstante, había una excepción notable, fruto sin duda del acuerdo a que habían llegado los moderados con la jerarquía eclesiástica:

"Podrá el Gobierno conceder autorización para abrir Escuelas y Colegios de primera y segunda enseñanza los Institutos Religiosos de ambos sexos legalmente establecidos en España, cuyo objeto sea la enseñanza pública, dispensando a sus Jefes y Profesores del título y fianza que exige el artículo 150"

(artº 153 Ley Moyano)

Se reconocía el derecho de la Iglesia Católica a vigilar la pureza ideológica de los estudios. Lo dispuesto en el expresado artículo 153 se complementaba con lo establecido en el artículo 295, que obligaba a las autoridades civiles y académicas a vigilar para que, tanto en los centros públicos como en los privados, no se pusiera impedimento alguno a que los obispos y prelados diocesanos pudieran velar por la pureza de la doctrina, de la fe y de las costumbres, así como de la educación religiosa de la juventud. Este último precepto era una lógica consecuencia de lo pactado en el Concordato de 1851, pero abría una herida en la conciencia de muchos liberales españoles que consideraban la libertad de cátedra como elemento inseparable de la libertad de enseñanza.

Así puede decirse que la Ley de Instrucción Pública de 1857 supone la legitimación del intervencionismo eclesiástico iniciado en 1851.

Ley de Bases de 17 de julio de 1857, autorizando al Gobierno para formar y promulgar una ley de Instrucción Pública

DOÑA ISABEL II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas; a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Articulo 1º. Se autoriza al Gobierno para formar y promulgar una ley de Instrucción Pública, con arreglo a las siguientes bases:

1ª La enseñanza puede ser pública o privada. El Gobierno dirigirá la enseñanza pública y tendrá en la privada la intervención que determine la ley.

2ª La enseñanza se divide en tres períodos, denominándose, en el primero, primera: en el segundo, segunda, y en el tercero, superior.

La primera enseñanza comprende las nociones rudimentales de más general aplicación a los usos de la vida. La segunda enseñanza comprende los conocimientos que amplían la primera y también preparan para el ingreso al estudio de las carreras superiores. La enseñanza superior comprende las que habilitan para el ejercicio de determinadas profesiones.

3ª La primera enseñanza podrá adquirirse en las escuelas públicas y privadas de primeras letras y en el hogar doméstico.

La ley determinará las condiciones con que han de ser admitidos a los otros períodos de la enseñanza los que hayan recibido en sus casas la primera. La segunda enseñanza se dará en los establecimientos públicos y privados. La ley determinará qué partes o materias de este período de instrucción pueden cursarse en el hogar doméstico, y con qué formalidades adquirirán carácter académico. La enseñanza superior sólo se dará en establecimientos públicos. Son establecimientos públicos de enseñanza aquellos cuyos Jefes y profesores son nombrados por el Gobierno o sus delegados.

4ª Unos mismos libros de texto, señalados por el Real Consejo de Instrucción Pública regirán en todas las escuelas.

5.ª Los establecimientos de Instrucción Pública se costearán:

Primero. De las rentas que posean y de las que lleguen a adquirir.

Segundo. De las retribuciones que satisfagan los que reciban en ellos la enseñanza

Tercero. De lo que deben percibir, ya para su dotación, ya para completarla, de los presupuestos municipales, provinciales o del Estado.

Esta obligación recae:

En los pueblos, por lo que respecta a la primera enseñanza para los niños de ambos sexos.

En las provincias, en lo relativo a la segunda enseñanza y a las Escuelas normales de maestros y maestras.

En el Estado, respecto a las Universidades y a las Escuelas profesionales superiores. Al sostén de las Escuelas superiores de las provincias contribuirán éstas, en justa proporción, con los respectivos Ayuntamientos y con el Estado.

6.ª La enseñanza pública primera será gratuita para los que no puedan pagarla, y obligatoria para todos, en la forma que se determine.

7.ª En el presupuesto del Estado se consignará anualmente la cantidad necesaria para auxiliar a los pueblos que no puedan costear por si propios la instrucción primaria.

8.ª Para ejercer el profesorado es indispensable haber obtenido el titulo correspondiente.

9.ª El profesorado público constituye una carrera facultativa en la que se ingresará por oposición, salvo los casos que determine la ley, y se asciende por antigüedad y méritos contraídos en la enseñanza. Los profesores de establecimientos públicos no podrán ser separados sino en virtud de sentencia. judicial o de expediente gubernativo, oyendo a los interesados.

10.ª El jefe superior de instrucción Pública en todos los ramos, dentro del orden civil, es el ministro de Fomento. Su administración central corre a cargo de la Dirección General de Instrucción Pública, y la local está encomendada a los rectores de las Universidades, jefes de sus respectivos distritos universitarios.

11.ª La ley determinará las atribuciones de las autoridades civiles en materia de instrucción Pública, y sus relaciones con las del ramo.

12.ª. Se organizará la inspección de la Instrucción Pública en todos sus grados

13.ª Al lado de la Administración superior habrá un Real Consejo de instrucción Pública. y un Consejo universitario en cada cabeza de distrito. Habrá también en cada capital de provincia una Junta para el fomento y prosperidad de la enseñanza primera y segunda.

14.ª Como medios eficaces de ampliar y completar los progresos de las Ciencias, el Gobierno procurará el aumento de las academias, las bibliotecas, los archivos y los museos, y creará nuevos establecimientos de enseñanza para los ramos más elevados de las Ciencias, enlazando en lo posible su organización con la de los ya existentes.

Art. 2.º Se autoriza asimismo al Gobierno para invertir, conforme a la organización que dé a los estudios, las sumas consignadas en el presupuesto del año actual para las atenciones de instrucción Pública, haciendo las trasladaciones de créditos de unos capítulos a otros que sean necesarias para la puntual ejecución de la ley.

Art. 3.º El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso que haga de esta autorización

Por tanto, mandamos a todos los Tribunales, Justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

texto Ley Instrucción Pública de 9 septiembre 1857


Notas:

(1) Proyecto de Ley de Instrucción Pública de 9 de diciembre de 1855, presentado por el Sr. Ministro de Fomento D. Manuel Alonso Martinez [Volver al punto de lectura]

(2) Realmente hay dos leyes a los que los autores llaman "Ley Moyano", por haber sido ambas propuestas por el entonces ministro de Fomento Claudio Moyano: la de Bases, de 17 de julio de 1857, y la de Instrucción Pública, de 9 de septiembre del mismo año, producida por el Gobierno en base a la delegación legislativa anterior. Así Aguilar Piñal denomina ley Moyano a la de Bases del mes de julio, de la que dice se "publicó el 9 de septiembre", lo que no parece exacto (Historia de la Universidad de Sevilla, 1991, pág. 150). Pero el criterio más extendido es denominar así a la Ley de Instrucción Pública de septiembre, refrendada expresamente por Moyano. Así la señala, por ejemplo, De Puelles Benitez ("Historia de la educación en España", 1979, tomo II, pág. 33).[Volver al punto de lectura]

(3) El esquema educativo diseñado por la Ley Moyano resistirá no sólo la segunda mitad del siglo XIX sino también la segunda del XX. Es en 1970 cuando la Ley General de Educación (la de Villar Palasí) pretende romper la tradición liberal, reconociendo en su Preámbulo: "El marco legal que ha regido nuestro sistema educativo en su conjunto respondía al esquema ya centenario de la Ley Moyano. Los fines educativos se concebían de manera muy distinta en aquella época y reflejaban un estilo clasista opuesto a la aspiración, hoy generalizada de democratizar la enseñanza. Se trataba de atender a las necesidades de una sociedad diferente de la actual: una España de 15.000.000 de habitantes con el 75 por 100 de analfabetos, 2.500.00 de jornaleros del campo y 260.000 "pobres de solemnidad", con una estructura socioeconómica preindustrial en la que apenas apuntaban algunos intentos aislados de industrialización. Era un sistema educativo para una sociedad estática, con una Universidad cuya estructura y organización respondía a modelos de allende las fronteras." [Volver al punto de lectura]

(4) Este valor como ley de bases ha sido destacado recientemente (2004) por el Secretario General de Educación y Ciencia, D. Alejadro Tiana, hablando de las reformas educativas: "Creo que una ley de bases beneficiaría a todos. Las leyes de bases, si están consensuadas, tienen la virtud de permitir cambios legislativos y en su desarrollo sin tener que cambiar la Ley. En cambio, una Ley reglamentista en un estado centralizado conlleva muchos problemas. La Ley centenaria por excelencia de España fue la Ley Moyano, que fue una Ley de Bases, y eso le permitió vivir situaciones histórico políticas muy diversas como la Restauración o la II República. Esto pone de manifiesto las ventajas de una Ley de Bases porque una Ley de otro tipo con el cambio de la vida tendría también que cambiar." (Publicado en la revista "Magisterio", nº 11641, de 6 de octubre de 2004). Como puede verse, Tiana denomina Ley Moyano a la de Bases. [Volver al punto de lectura]

(5) Este principio de gratuidad establecido por la Ley Moyano ha sido mencionado en la moderna LOCE (Ley Ogánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación). En su exposición de motivos dice: "Hoy, con la perspectiva de un siglo, sabemos que las políticas educativas públicas han experimentado un salto cuantitativo y cualitativo en su eficacia, sobre todo, a partir del comienzo de la década de los setenta del pasado siglo XX. Costó más de cien años llevar a la práctica la Educación Primaria obligatoria y gratuita, que había sido establecida en la llamada 'Ley Moyano', de 1857. En los últimos treinta años, en cambio, la educación obligatoria y gratuita se ha generalizado en nuestro país, ampliándose hasta los dieciséis años." [Volver al punto de lectura]

  Para saber más...
"Historia de la Educación en España", tomo II: de las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868 (Legislación y Documentos); Introducción y selección de Manuel de Puelles Benítez; Ministerio de Educación y Ciencia, 1982
  Enlaces externos
  Ley Moyano: breves apuntes esquematizados
texto Ley Instrucción Pública de 9 septiembre 1857 | El Plan Pidal de 1845 | La universidad española a fines del XIX


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  "Historia vitae magistra" (Cicerón) Página personal © Alfonso Pozo Ruiz
Enviarme un correo electrónico Miembro del Comisariado del V Centenario Universidad Sevilla y autor de la sección histórica de la web institucional www.quintocentenario.us.es