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Al producirse la caída de Jovellanos (1)
como ministro de Gracia y Justicia, fue sustituido en su puesto
por José Antonio Caballero, que en seguida, a diferencia
del famoso asturiano, iba a adquirir una posición firmísima
en el Gobierno de la Monarquía. Al principio, colaboró
estrechamente con Urquijo, encargado de la Secretaría de
Estado, en la política regalista, e incluso antirreligiosa
y cismática que desarrolló éste. Pero tuvo
la habilidad de que la caída de Urquijo no le arrastrara
a él, a pesar de provocarla precisamente la política
seguido contra el Papado, sino que, por el contrario, su posición
salió decisivamente consolidada de tal crisis, de forma que
ya permaneció en su puesto hasta el final del reinado. Su
larga gestión fue beneficiosa para la instrucción
pública, pues, dentro de los asuntos propios de su Ministerio,
le dedicó una atención preferente. Lograría,
sobre todo, llevar por fin a buen término la elaboración
de un Plan General de reforma de las universidades, consiguiendo
así hacer así lo que ni los gobernantes de Carlos
III lograron llevar a cabo, y que vería la luz precisamente
en las postrimerías del reinado, en 1807, circunstancia desgraciada
que frustraría, en parte, su eficacia práctica.
Caballero remató toda su labor en pro de la instrucción
pública con un Plan general para todas las universidades
españolas, consiguiendo dar cima a este ya viejo proyecto.
Este "arreglo" o reforma de las universidades perseguía
dos fines claros:
a) El primero de ellos era la supresión de todas
aquellas que, por sus escasas rentas, no podían sostener
dignamente sus enseñanzas. Se consideraba inútil todo
otro intento de reforma que no partiera de esta medida radical,
como lo había demostrado el fracaso de las reformas dictadas
en el reinado anterior, no existiendo en el país, además,
ninguna necesidad de que hubiera tantas universidades, dado el escaso
alumnado que a ellas acudía, mal del que se venían
quejando ellas mismas desde hacía tiempo. El título
de la Real Cédula que contiene el Plan es suficientemente
expreso:
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"Real Cédula de S.M. y señores del Consejo
por la cual se reduce el número de universidades literarias
del Reyno; se agregan las suprimidas a las que quedan, según
su localidad, y se manda observar en ellas el Plan de estudios
aprobado para la de Salamanca en la forma que se expresa"
(Madrid, 1807)
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b) Una vez lograda la reducción de las universidades a un
número más razonable, el "arreglo" propiamente
dicho de la enseñanza universitaria estaba dirigido a lograr
la uniformidad en una serie de aspectos importantes en los
centros que quedaban, lo que tanto por las Universidades como por
Estado, era deseado vivamente como única manera de sacar
a los estudios del estancamiento en que se encontraban.
Para llevar a cabo la supresión radical de ciertas universidades,
el ministro envió una circular a todas ellas, reclamando
una información exacta de las rentas con que contaban, y,
de acuerdo con las informaciones que fue recibiendo, con criterio
rígido, decidió la supresión de todas aquellas
que juzgó con rentas insuficientes para mantener las enseñanzas.
Naturalmente, todas las surpimidas eran universidades menores y
fueron las siguientes: Toledo, Osma, Oñate, Orihuela,
Avila, Irache, Baeza, Osuna, Almagro, Gandía y Sigüenza.
Esta circular fue dirigida el 9 de septiembre de 1806 y decía:
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"El Rey quiere que cada una de las Facultades que componen
el gremiio y claustro de esa Universidad informe con separación
del número de cátedras respectivas a su estudio,
la dotación de ellas, duración de las enseñanzas
y por qué libros se trace ésta; con todo lo
demás, que cada una de esas Facultades juzgue conducente
en el particular, exponiendo lo que estime digno de informe."
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Así pues las universidades fueron consultadas previamente,
demostrándose la inexactitud del famoso historiador de las
universidades hispánicas don Vicente de la Fuente que lo
negaba (2)
Todas las suprimidas quedaban incorporadas a efectos de rentas,
etc., a las que permanecían según razón de
su proximidad geográfica. Algunas no tuvieron energías
ni siquiera para protestar. Sólo unas pocas, como Sigüenza
y Oñate, se atrevieron a hacerlo, pero Caballero se mostró
tajante e inflexible y llevó a cabo las supresiones sin hacer
caso a las protestas, y lo que es más significativo, sin
que las protestas encontraran eficaces valedores que hubieran sido
capaces de torcer la realidad de la reforma.
Para llevar a cabo la uniformación de las universidades
se cogió como prototipo, igual que en reformas anteriores,
a la Universidad de Salamanca. Sobre la intervención de esta
Universidad en la reforma, los historiadores han dado las versiones
más opuestas, desde Dánvila, que dice que los catedráticos
salmantinos opusieron una resistencia tenaz al Plan, atribuyendo
a ellos el que se retardase tanto su planteamiento, hasta De la
Fuente, para quien el Plan fue obra de los catedráticos más
volterianos e "ilustrados" del claustro salmantino, a
quienes unía una gran amistad con Caballero, y a quien éste
se dirigió con el encargo de que prepararan la reforma con
la advertencia de que hicieran "lo mejor, pero tener cuidado
de no comprometerse", frase que a De la Fuente se la refirió,
y no sin cierta fruición, uno de los descendientes de los
colaboradores del Plan. Hay que tener en cuenta que en aquellos
años se produjeron denuncias contra diversas personalidades,
acusadas de jansenismo y volterianismo ante la Inquisición,
entre ellas Jovellanos y el Obispo Tavira, y aunque el Santo Tribunal
no se atrevió a iniciar proceso contra ninguno de estos personajes,
esto coartó hasta cierto punto la libertad de expresión
de ciertas ideas. Y dentro de esta situación, sobre el claustro
salmantino pesaban ciertas sospechas por su ideología avanzada;
de aquí que se tratara de que su intevención pasara
desapercibida.
El Plan, por su contenido, pertenece indudablemente a la tendencia
ilustrada, como ya lo confirmaba el punto primero de él,
referente a la supresión de las universidades, así
como el resto de la reforma, que responde claramente a esta ideología,
aunque haya también en él ciertas concesiones al
ultramontanismo. Por eso, Godoy, cuando muchos años después
escriba sus Memorias, le presentará como una de las grandes
obras de su gobierno:
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"Todos los cuerpos docentes se estimularon en mejorar
sus estudios y regenerar las escuelas. Aun los seminarios
eclesiásticos, donde apenas se enseñaban el
famoso Goudin, tan arraigado en nuestras aulas, una poca de
literatura y una pobre teología escolástica,
hubo muchos que adoptaron por entero las nuevas enseñanzas,
los nuevos libros y los nuevos métodos, a cuyo impulso
y boga se debió que en los claustros penetraran Locke,
Condillac, Descartes, newton y otros sabios de gran cuenta,
invadiendo los bancos y ocupando las cátedras donde
reinaba aún todo su cortejo y con todas sus armas la
Edad Media."
(Godoy, M.: Memorias del Excmo. Sr. Principe
de la Paz, ed. B.A.E.)
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El rey comenzaba lamentándose y reconociendo la carencia
de fondos con que poder atender a la digna sustentación de
los catedráticos, y la falta de unidad y buen orden en los
reglamentos de estudios, todo lo cual redundaba en grave perjuicio
de la enseñanza pública. De esta manera parecía
que el Plan venía a resolver estos dos puntos de la enseñanza
universitaria. Ambos tan repetidamente planteados por las universidades
al Gobierno. Pero, desgraciadamente, el problema económico
quedaba sin resolver: el Estado no se planteaba aun en los debidos
términos este problema, angustiado, quizá, por su
deficiente situación económica. Pocas líneas
más abajo del planteamiento inicial anunciaba que el nuevo
Plan realizaba la uniformación científica de todas
las universidades, pero "dejando la parte económica
a las particulares circunstancias de cada una, no olvidando, empero,
los salarios de los maestros, que han de ser decentes, no obstante
de procurar todos los ahorros posibles". Frase con la que
claramente se eludía el problema, y colocaba a la nueva reforma
en trance inmediato de fracasar, pues está claro que no se
podía acometer sin medios con que llevarla a cabo.
Los reformadores pusieron toda su confianza en la uniformación
científica como solución única para todos
los problemas. Para valorar exactamente el prestigio de esta idea,
no ya en el Gobierno, sino en las propias universidades, tenemos
el testimonio de un profesor de San Esteban, de Salamanca, el padre
Rafols, al rector de Cervera, Lázaro de Dou, en vísperas
de esta reforma:
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"Esta Universidad de Salamanca -decía el dominico-
ha presentado una infinidad de veces al Consejo y al Rey sobre
la necesidad de uniformar todas las universidades del Reino
en orden a la duración del curso, número de
éstos, y rigos de la asistencia y explicación
para obtener los grados mayores y menores, cuya variedad en
esta parte hace que los jóvenes huyan de las Academias,
donde se observan las leyes con rigor y sean muy concurridas
aquellas en las que sin aplicación, sin asistencia,
logran en pocos años sus grados. El Consejo lo ha mandado
ejecutar alguna vez; pero no habiendo cuidado de hacerlo ejecutar,
sigue el mal con mucho perjuicio de las ciencias. Por lo mismo,
hará una cosa muy gloriosa y útil a la Nación
si logra esta deseada uniformidad y Salamanca se alegraría
mucho de ello. A mi parecer, la cosa es imposible no suprimiendo
algunas Academias que lo son sólo de nombre, y dotando
a las que quedan, con salarios suficientes a los catedráticos,
suficientes a mantenerlos sin necesidad de que se vayan a
los destinos incompatibles con la enseñanza. El Gobierno
puede hacerlo sin gravamen del erario, uniendo a cada universidad
algunos beneficios simples".
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La uniformación de los estudios tenía, sin embargo,
para el Gobierno no sólo un matiz estrictamente académico,
sino que era el planteamiento adecuado para lograr un fin que se
perseguía también con esta reforma. Se trataba de
mejorar la instrucción, pero para asegurarse de la idoneidad
de los sujetos que aspirasen a los cargos públicos, había
pues, un claro designio de hacer una universidad clasista, que posteriormente
se acentuará más en los proyectos liberales y que
respondía a las influencias de las ideas de los economistas
de las escuelas en boga, cuyos presupuestos llevaban a reservar
la universidad sólo para una pequeña élite
del país, necesaria para dirigirlo, mientras que la gran
masa de la población debía dirigirse a las profesiones
"útiles", y para obtener formación en ellas
no era necesario acudir a la Universidad.
Esta uniformación no era, sin embargo, total, precisamente
porque al utilizar como patrón a la de Salamanca, que tenía
más cátedras que las demás, y no arreglarse
el problema de las rentas, tenían que encontrarse necesariamente
limitadas en sus afanes uniformistas. El mismo Plan aclaraba que,
con respecto a los estudios preparatorios a las Facultades, no se
imponía ninguna obligación de adaptarse al modelo
propuesto; por tanto, si no tenían medios para costear enseñanza
de latinidad, gramática, griego u otras de esta clase, no
las tenían que instalar. Este desinterés que demuestra
el Plan por este tipo de enseñanzas se encuentra motivado
por el interés contrapuesto de que se diera a los estudios
preparatorios y a los de la Facultad de Filosofía un contenido
más científico y experimental que humanístico,
de acuerdo con las ideas que proclamaban la "Ilustración".
Este mismo criterio no uniformador se aplicó a los estudios
de Medicina, con mayor amplitud. No sólo no se obligaba a
establecerlos, sino que en donde los hubiera, "si por faltas
de rentas, teatros, instrumentos y auxilios necesarios no puede
hacerse cual conviene", esta enseñanza de la Medicina
y la Cirugía se suprimiría, pasando las dotaciones
de sus cátedras a mejorar las de otras Facultades.
Pero no sólo en materias de estudios hacía salvedades
el Plan a la unificación, sino que también las hacía
en materia de régimen de gobierno. Permitía que siguieran
las diversas particularidades de cada Universidad, sin que se tuvieran
que plegar al sistema de Salamanca. Este aspecto conservador del
Plan se completaba con la autorización apra que continuaran
los clustros generales de doctores, pero en todas ellas debían
de funcionar los claustros de catedráticos para los asuntos
que se atribuyeran a su exclusiva competencia. Finalmente, una norma
general venía a completar el sentido de estos límites
a la unificación: si algún capítulo del Plan
resultaba inaplicable a una determinada Universidad, quedaba exonerado
del mismo.
A modo de resumen del Plan podemos señalar las notas siguientes:
- la universidad que careciera de estudios de gramática
no venía obligada a establecerlos
- lo mismo respecto a las de latinidad, griego u otras de su
clase, pero donde hubiese "se conservarán, aunque
no las haya en Salamanca"
- de igual modo la de astronomía
- "donde por falta de rentas, teatros, instrumentos y auxilios
necesarios no pueda hacerse como conviene a la enseñanza
de medicina y cirugía" se suprimirían las cátedras
existentes, pasando sus dotaciones para mejorar las de otras facultades.
- el gobierno seguiría en manos del Rector o del Canciller
o de ambos donde así estuviere vigente
f) para lo mismo continuarían los claustros generales,
"aunque en ninguna dexará de haberle de catedráticos
para las cosas que aquí se le cometen"
- si algún capítulo resultaba inaplicable a alguna,
quedaba exonerada del mismo
A renglón seguido venía el propio Plan salmantino
con las disciplinas y textos de gramática latina; los de
lenguas; la explicación de aquello y la de esto; lo de filosofía
y su explicación; medicina; leyes; cánones; teología;
por último venían las reglas para la mejor ejecución
-setenta y una en total- referidas a la elección de rector,
claustros, abolición de las cátedras de regencia,
duración del curso, faltas de asistencia de profesores y
alumnos, tiempo del cursillo, sustitutos, traje de estudiantes,
visitas del Rector, cédula de curso, invariabilidad de los
textos designados, los profesores de órdenes religiosas explicarán
sólo su escuela "a sus colegiales", prueba de cursos,
jubilación de catedráticos, academia dominical en
todas las facultades, vacaciones, actos académicos y conclusiones,
grados de bachiller, licenciado, jueces y exámenes, propinas;
los cursos de colegios, conventos o universidades suprimidas podrían
incorporarse en las del distrito respectivo pero sólo éstas
podrían conferir los grados; sobre oposiciones a cátedras,
jueces de concurso, ejercicios, mejora de la biblioteca, teatros
e instrumentos, evitar juramentos ociosos.
La personalidad política del ministro Caballero
Hay que decir que es una figura borrosa, poco conocida, y en general,
enjuiciada de modo muy negativo por los que han escrito sobre su
actuación política. Se le ha encuadrado dentro del
partido ultramontano, como el representante más destacado
que tuvo en el Poder esta facción reaccionaria. Consideración
en la que ha tenido especial influencia Godoy, que, en sus Memorias,
le hace culpable de todas las medidas que en dicho sentido tuvo
que adoptar, afirmando que, a pesar de sus intentos para expulsarle
del Ministerio, estaba tan fuertemente sostenido por aquel partido,
que no pudo conseguirlo, lo que, dado el tono general del intento
de justificación con que están escritas dichas Memorias,
ofrecen pocos visos de credibilidad tales afirmaciones.
Muriel, Alcalá Galiano, Pizarro y Caveda, también
lo consideraron un personaje retrógrado, opuesto al progreso,
y el último de los escritores citados llega a decir textualmente
que era un "envilecido fanático que aborrece todo
linaje de progreso y teme y combate los buenos estudios".
Sin embargo, todos estos juicios, demasiado influenciados por el
hecho de que fue a él, por causa del cargo que desempeñaba,
a quien correspondía dirigir la represión que decidió
hacer el Gobierno contra diversos miembros del llamado partido jansenista
y, de manera especial, la de Jovellanos, y por otro lado, el recrudecimiento
de medidas dirigidas a detener la propaganda de la ideología
revolucionaria, sobre todo la famosa de 1802, que prohibía
la introducción de libros en francés, son muy superficiales
y no reflejan la personalidad política del ministro. Aquellos
hechos fueron consecuencia de una política general, adoptada
por todo el Gobierno y no de una actitud personal, tomada por él.
Menéndez y Pelayo definía a Caballero como "ruin
cortesano, principal agente de las persecuciones de Jovellanos y
hombre que se ladeaba a todo viento". Está clara
la mala opinión que de él tenía. Permaneció
en Madrid, una vez que se apoderaron de esta ciudad los franceses,
y colaboró con el gobierno de José Bonaparte, que
le nombró consejero de Estado. Esta conducta le obligó
ya a emigrar a Francia, al ser derrotados los franceses. El trienio
constitucional le abrió otra vez las puertas de la Patria,
a donde regresó, para morir al poco tiempo en 1821.
Las circunstancias políticas son la causa de su aparente
ultramontanismo, pero su labor concreta en ciertos asuntos, como
el de la reforma de la enseñanza, y su actitud final de "afrancesado",
nos lo presentan como personaje de ideología "ilustrada"
y de rara habilidad política, que le permitió sacar
adelante reformas que otros, de mucha más fama que él,
no consiguieron hacer prosperar.
Debido a la pasión puesta en el enjuiciamiento de Caballero,
su Plan ha sido juzgado, al ser una de las obras más importantes
que dejó tras su paso por el Ministerio, con el mismo apasionamiento.
Por unos, al exagerar el ultramontanismo del personaje, ha sido
acusado el Plan de padecer la misma tendencia. Así dirá
el conde de Toreno que con él, Caballero y Godoy, lo que
pretendían era establecer un sistema de opresión en
los estudios y contener el vuelo del pensamiento. Pero juzgando
con más imparcialidad años después, sobre todo
a partir de la obra de Gil de Zárate, fue alabado por todos
los escritores de su misma tendencia, que emitieron un juicio favorable
sobre él, considerándole como un claro precedente
de las reformas liberales. Cambio de posición, que fue acompañado
por el que adoptaron los escritores tradicionalistas, que pasaron
a considerar este Plan como fruto del volterianismo y despotismo
ministerial, desenfocando y tergiversando su ideología. En
este sentido, destaca especialmente por sus ataques contra Caballero,
el clásico historiador don Vicente de la Fuente, que calificaba
al ministro como "el funesto marqués de Caballero,
que había metido estúpidamente a la Iglesia de España
en un cisma por su tiranía jansenista".
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Para saber más... |
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"La Ilustración y la reforma de la universidad en
la España del siglo XVIII; Antonio Alvarez de Morales;
Ed. Pegaso, Madrid 1985 (3ª edición) |
" Historia de las universidades hispánicas. Origen
y desarrollo desde su aparición a nuestros días",
Tomo V: periodo universitario de los primeros Borbones
C.Mª Ajo González de Rapariegos; Madrid 1966 (Imprenta
Tomas Sanchez) |
Notas:
(1) Jovellanos, mucho más que ninguna
otra figura de la Ilustración española, se ocupó
de los problemas de la instrucción pública, siendo
Secretario de Gracia y Justicia bajo Godoy. Sus escritos a este
respecto son numerosísimos y la obra a la que con más
afán se entregó a lo largo de su vida fue a su querida
fundación del Real Instituto Asturiano, de Gijón.
Se puede considerar que era el hombre más preparado del país
para acometer una reforma de la instrucción pública
con éxito. De hecho elaboró un Plan de reforma que
nunca llegó a aplicarse por su defenestración del
ministerio. En la exposición del Plan comienza por poner
de relieve la importancia de la instrucción y su papel decisivamente
condicionante para la prosperidad de la nación. El fin de
la reforma era rectificar la dirección de los estudios de
las universidades, haciendo que la dedicación, hasta entonces
casi exclusiva que se tenía en ellas a la Teología
y la Jurisprudencia, estuviera acompañada del cultivo de
las Ciencias Exactas y naturales, por funesto error, totalmente
abandonadas. [Volver al punto
de lectura]
(2) Historia de las Universidades, Colegios y demás
establecimientos de enseñanza en España", Madrid
1884-1889 [Volver al punto de
lectura]
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