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La figura del Intendente en la Administración pública española del XVIII

retrato de Pablo de Olavide
Don Pablo de Olavide, Intendente de los cuatro reinos de Andalucía
Una de las innovaciones administrativas más importantes del reinado de Felipe V fue la creación de la Intendencias. Respondieron a la evidente necesidad de conectar la Corte y sus órganos, los Consejos, con las provincias, demasiado alejadas, en las que, aparte de las autoridades militares, sólo residían como entidades del gobierno los Alcaldes Mayores y los Corregidores.

La Intendencia es una institución claramente francesa (1). Se inició su implantación muy tempranamente, urgida por los primeros consejeros franceses llegados con Felipe V. Varios y sucesivos planes fueron precisos (el del marqués de Louville, el de Orry, el conde de Bergeyck) antes de llegar al decreto de 4 de julio de 1718, inspirado por don José Patiño, que instituía el cargo de Intendentes de Provincias y Ejércitos.

El Intendente era un funcionario real, directamente dependiente del monarca, ejecutor de la política oficial en su demarcación y con un conjunto de atribuciones variables según las épocas, que, en el fondo, responden a las múltiples y crecientes atribuciones del Estado absoluto. Su misión fundamental era centralizar la administración sirviendo de puente jurídico entre Madrid y las capitales de provincia. No era sino el oficial administrativo más importante en la provincia, nombrado y controlado por el Gobierno, aunque con autoridad propia para dar órdenes de carácter local.

La institución de los Intendentes de Provincia siguió dos etapas bien diferenciadas. En la primera de ellas, por los años de la Guerra de Sucesión española, Felipe V nombró varios Superintendentes generales de los ejércitos, que actuaban al tiempo en los territorios que el rey iba sometiendo a su autoridad tras la ocupación militar. Los Superintendentes se encargaban de la administración del ejército, de la organización de la Hacienda y de los gastos públicos de las provincias. Al acabar la guerra, un Real Decreto establece los Intendentes de Provincia y Ejército con carácter permanente, una vez superada la coyuntura bélica. Comienzan a funcionar en Cataluña, a finales de 1718, para ser implantados, en vista de su éxito, en toda España pocos años después.

La misión del Intendente era múltiple: administraba el ejército en su provincia, entendía en asuntos de Hacienda, de Gobierno y de Justicia. Las misiones entre el Intendente de provincia y el de ejército a veces eran detentadas por una misma persona. Otras veces, el Intendente de Ejército residía junto al capitán general (en la ciudad cabecera de la región) quedando en cada provincia un intendente encargado de las funciones de Hacienda y Gobierno. Los Intendentes debían fomentar el trabajo, comercio, industria, ganadería, agricultura, comunicaciones y transportes y, en general, todo lo relacionado con la economía de las provincias. A veces, también podían asumir el cargo de Corregidor en la provincia.

Sin embargo, no parece que se cumplieran los planes previstos por el Rey. Aunque teóricamente sus funciones se extendían a las finanzas, policía, justicia y guerra, en la práctica sólo usaron de esta última autoridad, ya que despertaron general oposición en los demás estamentos gubernativos del país, principalmente de los poderes judiciales, que consiguieron despojarles de estas atribuciones en febrero de 1722. La Intendencia pareció un fracaso. En 1724 se quitaron los Intendentes de las ciudades o poblaciones en las que no hubiera tropa; quedó la institución más vinculada a cuestiones militares. Será en tiempos de Fernando VI -a mediados del siglo- cuando la Intendencia volvería a cobrar importancia, ya en el marco de una nueva y más pujante política administrativa.

Por Decreto de octubre de 1749, a iniciativa del marqués de la Ensenada, se establecieron nuevamente los Intendentes de provincias. Reconocía el Decreto la postración en que se hallaban muchos lugares del reino por causa de las guerras continuas y de las levas forzosas a que aquellas obligaban, así como los perjuicios que esta situación había causado a la Hacienda Real. Se considera, por tanto, la restitución de las Intendencias como una medida acorde con el nuevo espíritu de paz y neutralidad que la nueva monarquía principiaba.

Se estableció un Intendente en cada provincia del reino y a este cargo se le sumaba el Corregimiento de la misma capital de provincia. La unión de Intendencia y Corregimiento fue protestada legalmente por los tribunales. En consecuencia, la unión de ambos cargos quedó a la discreción del Rey.

Por el amplio abanico competencial se nombraba a personas escogidas, consideradas capaces para tan grande y variada misión. Debía el Intendente promover cualquier actividad que supusiese mayor rentabilidad para el Reino. Se les encargó la confección de un mapa de la circunscripción, en el que se delimitasen los territorios de realengo, señorío y abadengo. Los Intendentes deberían informarse de las tierras existentes en cada provincia, así como de las dehesas, montes y ríos susceptibles de usar como navegables o como fuerza energética para alguna fábrica. Debían estudiar los puentes, sus posibles reparaciones, el estado de los caminos y la posible construcción de otros nuevos.

Por último examinarían el estado de los puertos y las posibilidades de reparación, ampliación o remodelación de los mismos. Se esperaba que esta información permitiera al Intendente un perfecto conocimiento de la provincia a él encomendada y la elaboración de un programa de propuestas para el rey, para una eventual intervención.

Con todo, la misión quizá más importante era la de fomentar en los pueblos y ciudades la industria del paño, papel, vidrio, seda y otras; el fomento de la industria local será una de las aspiraciones más acusadas del pensamiento y acción de los ilustrados. Aquí se señala a los Intendentes, como representantes del poder central, la alta misión de promover cualquier tipo de industria autóctona que permitiera al país desarrollarse en este ámbito, libre de la compentencia europea, cosa que ya se había empezado a propiciar desde la época de Felipe V.

También era misión de los Intendentes el estudio del estado de los cultivos y de la producción agrícola en general, de su rentabilidad y de las mejoras que, para incremento de ésta, creyeran oportuno introducir, con vistas, especialmente, a la comercialización de los productos agrícolas.

Además, siendo los Intendentes representantes del Superintendente de la Hacienda Real, vigilaban todo loq ue al provecho de ésta afectase, con especial atención a los administradores, reacaudadores y demás encargados de los cobros de las contribuicones; debían también fiscalizar la contabilidad militar e inspeccionar las listas para el reclutamiento de la tropa. Como unián a su misión la de ser Corregidores, ejercían la función de este cargo auxiliados de dos Tenientes o Alcaldes Mayores. Era, pues, una misión muy amplia la del Intendente. Fue útil para la coordinación de funciones en un mismo territorio y para ejecución de planes venidos desde la Administración central. Pero la acumulación de funciones tan complejas ocasionó trastornos, pues no siempre podían ser atendidos todos los asuntos con la necesaria dedicación. Parece, sin embargo, que la institución del intendente fue de las más positivas de las creadas por el estado reformista del XVIII.

No es fácil precisar el número de Intendencias creadas, ni tampoco la persistencia de las mismas. Es probable que hubiera variaciones y reajustes a lo largo de los años. La extensión de cada intendencia variaba asimismo según regiones. En la Corona de Aragón, por ejemplo, por ejemplo, se formó una Intendencia por cada uno de los antiguos reinos. En Castilla, sin embargo, se adoptó el principio de establecer una intendencia por cada capital de una capitanía general o por cada Corregimiento de una ciudad. De ahí las múltiples variantes y la distinta importancia de cada Intendencia.

Elló influyó en la división territorial por provincias llevada a efecto en el siglo XIX. El Intendente prefiguró lo que después habían de ser los principales órganos de gobierno de la provincia, a saber, el Gobernador Civil, el Delegado de Hacienda y algunas de las funciones del Gobernador Militar.

El Intendente de Sevilla

Sevilla, como ciudad realenga, era gobernada desde tiempos de los Reyes Católicos por un Asistente, con amplias facultades, a las que fueron agregadas en el XVIII la Superintendencia General de Rentas en todo el reinado de Sevilla y la Intendencia General del Ejército.

La Intendencia de Sevilla fue ocupada por prestigiosas figuras de la nobleza, como el Conde de Miraflores, el de la Jarosa, el de Ripalda. Don Rodrigo Caballero, uno de los constructores de la supremacía borbónica en España, fue Intendente de Sevilla desde 1732 a 1738, despues de haber desempeñado el cargo en Valencia, Barcelona, La Coruña y Salamanca. Le sucedió don Ginés de Hermosa y Espejo, que permaneció en él desde este último año hasta 1752. A partir de 1750 los Intendentes gozaron de una competencia casi universal.

Por recaer el cargo en la persona del Asistente no ocurrió en Sevilla fricción alguna de carácter jurisdiccional entre estos supremos cargos administrativos, pero sí entre la autoridad real, representada por el Intendente-Asistente y por la Real Audiencia, y las prerrogativas locales, ardorosamente defendidas por el Cabildo municipal.

Hasta 1776 no hubo en Sevilla un mando militar debidamente organizado. Fue instituido por R.O. de este año y lo integraban: el Capitán General, Teniente General, Mariscal de Campo, Brigadier, Coronel, Teniente Coronel y demás oficiales. El Capitán General tomó a su cargo el ejército y las "sargentías", hasta entonces en manos del Intendente.


Notas:

(1) Francia se dividía en treinta y dos intendencias desde la época de Luis XIV. Los intendentes eran los representantes reales en cada una de estas circunscripciones administrativas, y muchos de estos cargos fueron copados por la nobleza. En general, el sistema demostró ser eficaz para el control de la administración provincial y su creación constituía un paso importante para la modernización de la administración francesa. Tanto es así que el modelo, con sus naturales variantes, fue exportado a países como España, tal y como vemos aquí. [Volver al punto de lectura]

  Para saber más...

Blanco Martinez, Rogelio; Muñoz Vitoria, Fernando; y otros: Historia de España, tomo VI: "Los Borbones hasta 1845" / Ed. Club Internacional del Libro, Madrid 1990

Aguilar Piñal, Francisco: "La Sevilla de Olavide 1767-1778", Publicaciones Ayuntamiento de Sevilla; Sevilla 1966
Orduña Rebollo, Enrique: "Intendentes e Intendencias"; Ed. Tres Américas; Madrid 1997
Abbad,Fabrice; Ozanam, Didier: "Les intendants espagnols du XVIIIe siècle"; Ed. Casa de Velázquez; Madrid 1992
Morazzani de Pérez Enciso, Gisela: "La Intendencia en España y en América"; prólogo de Eduardo Arcila Farias; Ed. Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico; Caracas 1966
Emmanuelli, François-Xavier: "Un mythe de l'absolutisme bourbonien : l'Intendance, du milieu du XVIIeme siecle a la fin du XVIIIeme siecle : (France, Espagne, Amerique)"; Publications de l'Université de Provence; Aix-en-Provence 1981
Pablo de Olavide, un singular Intendente español

 

 

(c) Alfonso Pozo Ruiz
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